I. La política del espectáculo en el origen de la desconfianza de la sociedad en sus jueces
El avance de la desconfianza de la ciudadanía en la Justicia define la mayor preocupación que aqueja en la actualidad a quienes integramos el poder judicial en España. Así se refleja en el documento “Propuestas para la mejora de la Justicia” suscrito por las cuatro asociaciones judiciales el 16 de junio de 2017 y ratificado por el voto de la práctica totalidad de las Juntas de Jueces de los 431 partidos judiciales de España. Las catorce medidas incluidas en el documento definen el contenido de las reclamaciones colectivas protagonizadas en los últimos dieciocho meses por la judicatura y la fiscalía, la última de ellas el pasado 19 de noviembre. El primer paquete de medidas reclamado por la judicatura se dirige, de manera constante, a las Cortes Generales en interés de que se aborden medidas que refuercen la eficacia de las garantías estructurales de la independencia judicial en orden a modificar su actual percepción social. Este es el presupuesto nuclear para avanzar en la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en sus jueces. La particularidad más endiablada de este reto en pos del restablecimiento de la confianza en la Justicia viene definida por la posición no directa sino refleja que ocupa el gran grueso de las juezas y jueces respecto de las causas que alimentan esa percepción de contaminación política del poder judicial en España. Porque lo cierto es que los hechos, siempre expresados en clave mediática, que abonan la crisis en la confianza social en la Justicia no guardan relación directa con el ejercicio cotidiano de la potestad jurisdiccional por parte de un abrumador porcentaje de los 5.507 juezas y jueces que integramos la carrera judicial; tampoco tienen su origen en un número no menos abrumador de la gran masa de los 2.370.000 litigios que anualmente se tramitan en nuestros juzgados y tribunales. A partir de esta realidad, resulta urgente centrar la actuación sobre tres de las áreas en las que realmente se juega, hoy, el estado de situación de la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Las dos primeras áreas tienen ya un nombre acuñado por los medios de comunicación social. Me refiero a la “judicialización de la vida política” y a la “politización de la Justicia”. He querido referir el tercero de los ámbitos al País Vasco aunque su mayor desarrollo se haya alcanzado en la Comunidad Autónoma de Cataluña: se trata de la incidencia en la deslegitimación social del poder judicial producida por los discursos políticos asociados al ejercicio del sedicente “derecho a decidir”; singularmente, en la medida en la que la supeditación del principio del imperio de ley a fórmulas más o menos intensas de decisionismo político resulta por completo incompatible con la forma de legitimidad democrática conferida al poder judicial por el Estado constitucional de Derecho.