Xabier Markiegi Candina

[Bilbao, 30.12.1938 – Aguadulce (Almería), 28.03.2021]

Xabier Markiegi nació en Bilbao en una familia nacionalista de hondas raíces religiosas, algo que influyó en su formación y en la de sus hermanos. Cinco de ellos optaron por la vida religiosa, incluido él. Estudió en el Colegio Santiago Apóstol, de los Hermanos de La Salle en Bilbao, e ingresó en esta Congregación religiosa. Realizó estudios de Teología, Filosofía y Letras, Ingeniería, Dinámica de grupos y relaciones humanas y Psicología en Salamanca, Roma y Madrid entre 1956 y 1973.

Entre 1959 y 1975 trabajó como profesor en colegios de la orden en Donostia, donde fue profesor de Ramón Jauregui, en Bilbao, donde fue profesor de Iñaki Anasagasti, en San Asensio (La Rioja), en Irún y en Eibar, donde tuvo como alumno a Arnaldo Otegi. En 1975 aprobó las oposiciones a maestro y fue destinado a la escuela de Gallarta (Bizkaia), donde permaneció hasta 1981, cuando dejó la enseñanza para incorporarse al Parlamento.

Su actividad política fue considerada incompatible por el Provincial de los Hermanos de La Salle, por lo que abandonó la Congregación en 1979. Xabier Markiegi se casó con Begoña en 1981, tras secularizarse.

Su trayectoria política se prolonga desde 1976 hasta 2000. En 1976 inició su militancia en EIA, continuada en EE, hasta 1993. Ocupó los cargos de Herrialdeburu de Bizkaia, Vicesecretario General para la Comunicación, miembro de la Ejecutiva y del Biltzar Ttipia.

Desempeñó cargos institucionales en representación de EE como concejal en Abanto y Zierbana (1979-1981), Apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia (1980-1981) y diputado por Bizkaia en el Parlamento Vasco (1981-1993) y como diputado independiente en el Grupo Mixto (1993-1994), al no haber participado en la convergencia con el PSE. En su labor como parlamentario trató diferentes cuestiones, pero probablemente la que centró su interés en mayor medida fue la educación.

En 1994, tras abandonar el Parlamento, se reincorporó a la escuela de Gallarta, para volver a abandonarla al ser elegido Ararteko (1995-2000). En este periodo la oficina del Ararteko realizó diferentes informes sobre cuestiones de hondo calado social como los problemas de la infancia, adolescencia y tercera edad, los enfermos mentales, etc. Al cesar en este cargo, se reincorporó a la función pública, pero como asesor en el Consejo Escolar de Euskadi. En 2002 fue propuesto como candidato para Ombudsman Europeo ante el Parlamento Europeo, con el apoyo de todos los eurodiputados españoles, aunque retiró su candidatura ante la falta de suficientes apoyos.

Tras su labor como Ararteko fue nombrado miembro del Patronato de la Fundación Fernando Buesa, y en representación de esta se incorporó al Patronato de la Fundación Victimas del Terrorismo (2001-2002), puesto que abandonó al incorporarse al Instituto Cervantes en 2002. Fue nombrado Director del Instituto Cervantes en Rabat y coordinador de los Institutos Cervantes de Tánger, Tetuán, Fez y Casablanca. En 2007 cesó en esta responsabilidad y se reincorporó a la escuela de Gallarta, donde accedió a la jubilación.

Ante el acoso que le amenazaba por parte del nacionalismo radical decidieron instalarse en Almería, donde se incorporó a la vida cultural. Lamentablemente ayer falleció.

Mikel Urquijo (MOF – UPV/EHU)

Bilbao 4 marzo 2020 a las 18:30 Sala de las Juntas Generales

Intervendrán: Luisa Etxenike, Miren Ortubay, Idoia Mendía

Felipe Juaristi

I. La política del espectáculo en el origen de la desconfianza de la sociedad en sus jueces
El avance de la desconfianza de la ciudadanía en la Justicia define la mayor preocupación que aqueja en la actualidad a quienes integramos el poder judicial en España. Así se refleja en el documento “Propuestas para la mejora de la Justicia” suscrito por las cuatro asociaciones judiciales el 16 de junio de 2017 y ratificado por el voto de la práctica totalidad de las Juntas de Jueces de los 431 partidos judiciales de España. Las catorce medidas incluidas en el documento definen el contenido de las reclamaciones colectivas protagonizadas en los últimos dieciocho meses por la judicatura y la fiscalía, la última de ellas el pasado 19 de noviembre. El primer paquete de medidas reclamado por la judicatura se dirige, de manera constante, a las Cortes Generales en interés de que se aborden medidas que refuercen la eficacia de las garantías estructurales de la independencia judicial en orden a modificar su actual percepción social. Este es el presupuesto nuclear para avanzar en la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en sus jueces. La particularidad más endiablada de este reto en pos del restablecimiento de la confianza en la Justicia viene definida por la posición no directa sino refleja que ocupa el gran grueso de las juezas y jueces respecto de las causas que alimentan esa percepción de contaminación política del poder judicial en España. Porque lo cierto es que los hechos, siempre expresados en clave mediática, que abonan la crisis en la confianza social en la Justicia no guardan relación directa con el ejercicio cotidiano de la potestad jurisdiccional por parte de un abrumador porcentaje de los 5.507 juezas y jueces que integramos la carrera judicial; tampoco tienen su origen en un número no menos abrumador de la gran masa de los 2.370.000 litigios que anualmente se tramitan en nuestros juzgados y tribunales. A partir de esta realidad, resulta urgente centrar la actuación sobre tres de las áreas en las que realmente se juega, hoy, el estado de situación de la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Las dos primeras áreas tienen ya un nombre acuñado por los medios de comunicación social. Me refiero a la “judicialización de la vida política” y a la “politización de la Justicia”. He querido referir el tercero de los ámbitos al País Vasco aunque su mayor desarrollo se haya alcanzado en la Comunidad Autónoma de Cataluña: se trata de la incidencia en la deslegitimación social del poder judicial producida por los discursos políticos asociados al ejercicio del sedicente “derecho a decidir”; singularmente, en la medida en la que la supeditación del principio del imperio de ley a fórmulas más o menos intensas de decisionismo político resulta por completo incompatible con la forma de legitimidad democrática conferida al poder judicial por el Estado constitucional de Derecho.